Condenado el consistorio de Tarazona por el ruido de un bar
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza ha condenado un consistorio (al Ayuntamiento de Tarazona) a indemnizar con 30.000 euros a tres vecinos por su inacción para evitar, pese a sus denuncias, las molestias que han sufrido durante al menos siete años por el excesivo ruido que generaba un bar. El local carece de permisos para operar y el año pasado fue sancionado con un mes de clausura por incumplir los horarios de cierre.
“Nos encontramos ante un local sin licencia que ha causado molestias continuadas a determinados vecinos (…) durante largo tiempo, incumpliendo de esta forma el Ayuntamiento de Tarazona las obligaciones que desde el punto de vista de la disciplina urbanística le incumbían, ocasionando con ello un perjuicio a los recurrentes –defendidos por el abogado Ricardo Agoiz– que debe ser resarcido”, señala la sentencia. La resolución reconoce la “dificultad que entraña cualquier determinación indemnizatoria” en un asunto de este tipo, aunque considera “conforme y adecuada a derecho” la de 10.000 euros para cada recurrente.
Los vecinos llevaron al juzgado la desestimación, por parte del consistorio, de una petición de indemnización por las molestias que les causaba el bar.
INSPECCIONES
El expediente, además de enumerar la retahíla de denuncias presentadas por los vecinos, incluye varios informes, entre los que se encuentra uno de la Policía Local efectuado en junio del 2004 que determina que esa noche –a la una y media de la mañana– el ruido que llegaba a una de las viviendas situadas sobre el bar, causado por la música y por los clientes, superaba en trece decibelios el máximo permitido. Otro documento señala que durante la noche en uno de los pisos llegaban a soportar volúmenes de ruido de hasta 35 decibelios, nivel que durante el día llegaba a 40.
La causa incluye también un documento municipal que señala que “los establecimientos objeto del informe incumplen la normativa” y recomienda requerir a sus propietarios que los insonoricen. Aunque anota que para ello sería necesario efectuar una inviable rebaja de los techos: “no puede cumplirse con la ordenanza municipal de protección contra ruidos y vibraciones, lo que implicaría suspender la actividad de los locales”.
